El alcalde del municipio Gran Sabana, Emilio González, justifica la extracción ilegal de oro por la crisis económica. “Antes había flujo de turistas, la economía era estable”, dijo.

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La vía que conduce hacia la frontera con Brasil cumplió en la mañana de este martes 16 horas cerrada por comunidades indígenas del municipio Gran Sabana, en protesta por la incursión armada de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Canaima -el sábado 8 de diciembre- que dejó dos pemones heridos y uno muerto.

El alcalde del municipio Gran Sabana, Emilio González, confirmó la manifestación desde la tarde del lunes en la que participan las comunidades de Waramasen, Santo Domingo, Maurak y San Antonio de Morichal. El cierre es a pocos metros de la frontera con Brasil, en las cercanías de la estación de servicio de combustible internacional.

“Se da paso a las personas, de acuerdo con las necesidades y prioridades, pero los indígenas siguen en protesta hasta que los funcionarios armados que solo han venido a matar a nuestros hermanos se vayan de nuestras tierras”, dijo el alcalde.

González denunció que los funcionarios de la Dgcim querían generar zozobra, atribuir el ataque armado a grupos irregulares para luego justificar la militarización del Parque Nacional Canaima. “El gobierno quiere apoderarse del oro de la zona y no vamos a permitirlo (…) Lo que se solicita es que se retiren de la zona porque en lugar de paz, traen incomodidad total, traen armas de guerra, matan a nuestros hermanos y no lo vamos a permitir. Vamos a elevar esta denuncia a nivel nacional e internacional”, dijo.

Diversos puntos de minería ilegal se avistan en sobrevuelos en el Parque Nacional Canaima, uno de los pulmones vegetales del país y parte de la amazonía. Un reciente estudio de la organización Infoamazonía y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) precisa que en Venezuela hay 1.899 de los 2.312 puntos mapeados de extracción ilegal de minerales, es decir, 82% del total de registros en seis países amazónicos.

Dirigentes comunitarios e, incluso el alcalde González, han justificado la extracción ilícita de minerales por el estado de necesidad en el que se encuentran, debido al repliegue de la actividad turística. Pero la destrucción ambiental los coloca en una contradicción, pues son estas tierras las de mayor fragilidad y biodiversidad en riesgo.

“Los indígenas están trabajando la minería artesanal por la situación país, por la necesidad, porque el flujo turístico que anteriormente tenía fuerza ha decaído totalmente. Antes llegaban 35 mil turistas al año y ahora no llegan ni siquiera 2 mil turistas. A raíz de eso trabajan la minería en su hábitat”, justificó.

El alcalde admite que “es difícil pronunciarse” al respecto. “Hay una política errada del gobierno, ponen a nuestra población a pasar trabajo y ellos buscan subsistir. Antes había flujo de turistas, la economía era estable. Las empresas aéreas padecen porque no tienen combustibles ni repuestos, es un sinfín de problemas ocasionados por este sistema de gobierno”, dijo.

Pese a la devastación en diversas aéreas del Parque Nacional, menores comparadas con los daños en sectores mineros como Las Claritas, en el kilómetro 88, el alcalde asegura que los indígenas son “cuidadosos” de su tierra y que el impacto ambiental es “mínimo” comparado con el promovido por el gobierno y las bandas armadas que controlan áreas de extracción aurífera ilegal.

“No somos destructores, pero para evitar esto, vamos a cambiar el aparato productivo, vamos a poner el turismo a funcionar. Mientras tanto, para defender su vida están allí trabajando”, aseveró.

Los daños en este ecosistema, aún no cuantificados, son significativos, si se considera su alto valor natural como hábitat de numerosas especies de flora y fauna únicas que no están presentes en otras zonas del territorio nacional.


La protesta con cierre de la troncal 10 está a pocos metros de la frontera con Brasil | Foto El Nacional

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