El trabajador fue detenido en dos oportunidades entre el 11 y el 12 de marzo. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje, confirmó Codehciu.

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El trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Geovanny Zambrano, recibió privativa de libertad en la audiencia de presentación realizada este lunes en los tribunales de Puerto Ordaz, confirmó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Fue acusado de los presuntos delitos de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje, informó la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

Zambrano, quien es administrador, fue detenido en Puerto Ordaz en dos oportunidades entre el 11 y el 12 de marzo por uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes allanaron su residencia sin orden judicial en la noche del martes 12 de marzo en medio de una grave crisis eléctrica que devino en un apagón nacional, atribuido por el régimen de Nicolás Maduro a un ataque cibernético.

La persecución en contra del trabajador, con 24 años de servicio ininterrumpido en la Electrificación del Caroní (Edelca) que luego se fusionó a Corpoelec, comenzó en febrero de 2019, luego de acompañar en unas declaraciones en torno a la crítica situación de la industria eléctrica por falta de mantenimiento y corrupción. Dos días después del pronunciamiento liderado por la trabajadora Damarys Cervantes, Zambrano y el trabajador Juan Ramón Barrios recibieron las cartas de jubilación.

La primera detención, por nueve horas, ocurrió en la tarde del 11 de marzo. La segunda detención arbitraria se registró en la tarde del 12 de marzo, relataron conocidos, quienes cuentan que al que era su nuevo sitio de trabajo en Alta Vista llegaron los mismos hombres armados que 24 horas antes lo habían detenido.

A las 11 de la noche del 12 de marzo, su casa fue allanada con él y dos personas más como testigos. De la residencia, cargaron con documentos de trabajo, que le valieron a la parte acusadora para atribuirle este lunes 18 de marzo los delitos de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje. “Su único delito: defender su empresa y su país”, expresó la Intersectorial de Trabajadores de Guayana en su cuenta en la red Twitter.

Además de él, la semana pasada fueron detenidas arbitrariamente la jubilada Asención María Caraballo, ex trabajadora de Telemática de Corpoelec; y Marlyn de González, trabajadora de Telemática, liberadas posteriormente tras más de 10 horas de interrogatorios. En ambos casos, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) incautaron computadoras y teléfonos celulares.

La organización Provea expresó que “en su afán de justificar la mentira del saboteo al sistema eléctrico, ser trabajador de Corpoelec se ha convertido en un riesgo”. “Ser trabajador de Corpoelec y ser comunicador social o trabajar para algún medio de información se ha convertido en un riesgo en Venezuela. Todos bajo sospecha. La creciente represión de la dictadura es una muestra de su desespero. Aumentan las detenciones arbitrarias”, agregó la ONG.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este lunes con trabajadores de Corpoelec e informó, tras el encuentro, que escucharlos hablar sobre el maltrato y la extorsión que han sufrido durante años, “además de atender sus denuncias de un fallecido, cuatro compañeros presos y uno exiliado, demuestra que el usurpador no protege a nadie y sólo busca a quién culpar de sus crímenes”.

“Cuando el personal calificado que ha estado intentando salvar nuestra infraestructura, a veces sin equipos ni seguridad, explica la destrucción del sector eléctrico no pone excusas: habla de desidia, de corrupción, de maltrato, de emigración y despido de expertos”, agregó el también presidente del Poder Legislativo.

Además de las detenciones y la persecución laboral, el edificio administrativo de Corpoelec en Puerto Ordaz ha estado militarizado desde la semana pasada y con presencia de funcionarios del Sebin y la Dgcim.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez; el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez e, incluso, el gobernante de facto Nicolás Maduro han estado en Ciudad Guayana supervisando las operaciones de las centrales hidroeléctricas del bajo Caroní.