Los nueve trabajadores privados de libertad se mantienen recluidos en los calabozos de la comisaría de Guaiparo, en San Félix. El sindicalista Rubén González continúa en la cárcel de La Pica (Monagas).

El 29 de noviembre se dictó una medida privativa de libertad contra nueve trabajadores de Ferrominera Orinoco que fueron detenidos el martes 27 por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el portón IV de la empresa. El sitio de reclusión sería la cárcel de El Dorado, al sur de Bolívar. Sin embargo, no fueron trasladados.

En días pasados se comentó que estaban en los calabozos del Palacio de Justicia en Puerto Ordaz. Degrain Marichales, miembro del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), informó que están recluidos en el calabozo B de la comisaría de Guaiparo en San Félix. La razón -agregó- fue que reos de El Dorado se opusieron a que los ferromineros fuesen trasladados para su reclusión en esta cárcel.

Douglas Álvarez, Yonney Monsalve, Alexis Perdomo, Endry Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Tony Briceño y José Gregorio Jaime fueron imputados por los delitos de traición a la patria, agavillamiento, restricción a la libertad de trabajo y daño a la nación. A Calzadilla le incluyeron en los cargos porte ilícito de armas.

Es de recordar que tras este arresto -en medio de una lucha desde hace tres meses por beneficios contractuales incumplidos por la compañía- transcurrieron 24 horas sin que familiares y compañeros conocieran el paradero de los detenidos, pues la Dgcim negó su ubicación e incluso la aprehensión cometida, acción que fue denunciada como un secuestro e intento de desaparición forzosa.

En la madrugada de ese mismo jueves 29 de noviembre, el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, fue apresado en un puesto de control en Anaco, estado Anzoátegui, cuando regresaba junto con otros trabajadores de una marcha realizada el día anterior en Caracas. La movilización exigía el respeto a los derechos laborales y contratos colectivos.

Continúa en La Pica

El caso de González es mucho más irregular aún. No fue presentado ante un tribunal civil, sino militar; y fue privado de libertad con reclusión en la cárcel de La Pica en el estado Monagas, donde permanece detenido. Los delitos imputados fueron ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional con la responsabilidad penal en grado de autor.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de DD HH y el Comité de DD HH de las Naciones Unidas establecen en sus normas que ningún civil debe ser juzgado por la justicia militar, ya que viola el derecho a un juez natural.

Marichales, quien también es yerno de Rubén González, señaló que han podido tener contacto en las visitas familiares permitidas y, aunque asegura el dirigente mantiene su ánimo por continuar la lucha, también presenta problemas renales y no ha recibido atención médica.

González fue arrestado bajo una causa del 20 de agosto, luego de que intentaran detenerlo en Ciudad Piar cuando celebraba una asamblea en el portón de la empresa. El 14 de agosto, militares allanaron su vivienda, mientras parientes y compañeros habían denunciado su desaparición y que el intento de detención estuviese relacionado a la imposición de un contrato colectivo firmado por el sindicato paralelo en Ferrominera Orinoco.

En total son 12 los ferromineros que permanecen privados de libertad. A la lista se incluye Abdul Hurtado, detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el pasado 6 de septiembre. El caso que lleva más de siete años es el de Rodney Álvarez, preso en El Rodeo y aún sin un juicio, acusado del asesinato de Renny Rojas en junio de 2011, víctima de un disparo cuando se caldearon los ánimos durante la designación de la comisión electoral que estaría a cargo de las elecciones sindicales de Ferrominera.

Tanto Rubén González como los otros nueve ferromineros deberán esperar a que concluya el lapso de 45 días para la presentación de actos conclusivos por parte de la Fiscalía, tiempo en que deberá convocarse a una nueva audiencia en la que el Ministerio Público definirá si mantiene las acusaciones o solicita la revisión de medida.

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