Más de la mitad de los responsables de las violaciones a la libertad de expresión en junio fueron funcionarios e instituciones del Estado, denuncia en su último estudio la ONG Espacio Público.

El sexto mes del año cerró con un saldo de 59 violaciones del derecho a la libertad de expresión, afectando a un total de 41 víctimas, en su mayoría periodistas (18) y medios de comunicación (8), destacan como principales victimarios están los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y grupos violentos.

En junio, la labor que supone buscar y difundir información logró que el número de violaciones aumentara a más de 700 en lo que va de año, 78 de éstas, corresponden a detenciones de equipos de prensa durante la cobertura de calle.

Cierres de medios de comunicación, canales fuera de la oferta en Venezuela y agresiones a periodistas marcaron el mes.

El Estado victimizante

Más de la mitad de los responsables de las violaciones a la libertad de expresión en junio fueron funcionarios e instituciones del Estado, quienes usan su autoridad para restringir y limitar el acceso a la información, principalmente de carácter público, afectando directamente a los periodistas y a todos los ciudadanos que esperan conocer la realidad de los hechos a través de las coberturas en tiempo real.

Destaca el caso de los periodistas María Carolina Quintero y Gerard Torres, corresponsales en el estado Zulia de los medios digitales Venezolanos por la Información (VPITV), y TVVenezuela. Quintero y Torres fueron intimidados por funcionarios de seguridad cuando realizaban un recorrido por las principales estaciones de servicios, haciendo cobertura sobre la escasez de combustible en la ciudad de Maracaibo: “Para grabar deben pedirle permiso a mi sargento”, exclamó el oficial.

En el oriente del país, dos funcionarios de la Policía Regional de Anzoátegui (Polianzoátegui) detuvieron y le robaron el celular al periodista de Radio Fe y Alegría, José Félix Millán cuando realizaba un trabajo periodístico también sobre la escasez de gasolina en la región.

También en el estado Anzoátegui, el reportero del canal de televisión digital Venezolanos por la Información (VPI TV), Jesús Bastidas, fue amenazado por un funcionario de la Policía del municipio Urbaneja (PoliUrbaneja) cuando realizaba un recorrido por las estaciones de servicio del municipio Lechería, quien le prohibió seguir grabando, y lo obligó a retirarse del lugar: “No me interesa, no sigas grabando porque si no te voy a poner los ganchos”

En Caracas el patrón se repitió en el sector La Campiña cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) apresaron a Ronald Peña, reportero gráfico del medio digital El Pitazo y a su motorizado, Félix Moráis, mientras realizaban imágenes de apoyo al edificio de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Me dijo: está prohibido hacer tomas de Pdvsa, El Pitazo es un medio opositor”.

Más restricciones

En junio el Tribunal Supremo de Justicia sentenció al portal informativo La Patilla a pagar 30 mil millones de bolívares al presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello por “daño moral e injuria”.

La sentencia emanada de la Sala de Casación Civil señala que la demanda por daño moral contra La Patilla se mantiene, teniendo que resarcir el monto mil millonario en un lapso de “ejecución voluntaria” fijado por un juez de Primera Instancia, y advierte que de no ser cancelado en el tiempo estipulado “será objeto de indexación judicial conforme a lo señalado”.

La sentencia contra La Patilla es una medida arbitraria en represalia por la difusión de información de interés público en Venezuela. Espacio Público rechaza esta sentencia porque vulnera los derechos contemplados en la Carta Magna nacional explícitamente los artículos 23, 26 y 334 de la Constitución que obligan a todos los jueces de la República a garantizar la protección judicial de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos previstos en tratados internacionales.

El proceso desconoce abiertamente los derechos de libertad de expresión, debido proceso y tutela judicial efectiva. Se castiga la difusión de información de interés público que compromete la conducta de un alto funcionario. La sentencia forma parte de la política del Estado venezolano de imponer un cerco informativo a través de la censura, la criminalización y las sanciones desproporcionadas.

A merced del hampa

Los medios no escapan al aumento en los índices de inseguridad en el país, con el agravante que en un contexto de hiperinflación la reposición de los equipos es cada vez más difícil.

En el estado Mérida, la mañana del lunes 4 de junio, personal obrero de ULA TV y ULA FM 107.7 denunciaron el robo de la estación desde donde se transmitían vía web las sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida. Los delincuentes cargaron con los cables de corriente, video y sonido, además de llevarse dos reflectores de la azotea del Rectorado, donde está ubicado el salón donde sesiona el Consejo Universitario de la ULA.

El 8 de junio, malhechores robaron la sede de Radio Fe y Alegría 103.9 FM en Anaco, estado Anzoátegui, durante la madrugada rompieron uno de los candados, destrozaron el aire acondicionado y cargaron consigo una tableta y una cámara fotográfica.

Sin internet

Una falla compleja con el servidor DHCP de la empresa de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos Venezuela (Cantv) dejó sin servicio de internet a varias zonas de la capital del país incluyendo Macaracuay, Colinas de Bello Monte, Petare, avenida Fuerzas Armadas, Valle Coche, urbanización El Llanito, Chacao, San Agustín del Norte, urbanización Alta Florida, La Campiña, calle La Floresta, Boleíta Sur, Altamira, Chacao y Chacaíto.

Por su parte, Cantv informó que su equipo técnico se encontraba realizando labores en la plataforma para solventar el problema y restituir el servicio de manera progresiva, sin embargo pasadas más de 30 horas desde que ocurrió la falla, usuarios seguían reportando la avería.

En el estado Cojedes, los continuos apagones, agravados por el inicio de la temporada de lluvias causaron la explosión de un transformador eléctrico que dejó sin señal a parte de la audiencia de Class 98.7 FM, informó la directiva de la radio el 2 de junio.

Pese a que las lluvias no son un hecho atribuible al Estado la falta de mantenimiento de la infraestructura sí lo es; al igual que la crisis económica, representan un elemento determinante en este tipo de casos, pues los medios de comunicación no cuentan con recursos suficientes para sustituir equipos. Como resultado final, el ciudadano ve mermado su derecho a recibir y buscar información.

Pedro Jaimes: un inocente en El Helicoide

Un año y dos meses detenido injustamente: 426 días en una celda del Sebin, custodiado por funcionarios. Lo desaparecieron por 35 días, le fracturaron una costilla a golpes, lo torturaron con electricidad y simularon asfixiarlo utilizando bolsas rociadas con insecticida. Pedro tuiteó la ruta del avión presidencial el 3 de mayo de 2018, información pública en internet y que todo venezolano tiene derecho a conocer.

Antes de ser detenido arbitrariamente Pedro vendía productos en internet por Mercado Libre, buscaba las medicinas para su hermana Trina, se ocupaba de las compras para la familia, y se dedicaba a publicar en su cuenta de Twitter @AereoMeteo diversa información aeronáutica, sobre el clima, y política. El tuit por el que lo detienen tenía sólo 12 RT para la fecha y mostraba al avión presidencial dirigiéndose al estado Aragua.

El Estado no tiene argumentos válidos que respalden los cargos que se le imputan a Pedro, la publicación que hizo en Twitter no fue producto de “espionaje”: se conseguía mediante una simple búsqueda en Google. La legislación nacional e internacional resguarda el derecho a la información pública sin restricciones, incluso numerosas organizaciones se han pronunciado exigiendo su liberación ya que el arresto de Jaimes vulnera sus derechos fundamentales además de exponerlo en el día a día a tratos degradantes.

Pedro está actualmente recluido en una celda de 3×2 metros sin ventilación ni luz eléctrica, que comparte con un recluso acusado de narcotráfico. Ambos disponen del mismo baño, sin puerta, que asean una vez al día únicamente cuando les llegan tobos de agua de la cisterna que surte a El Helicoide. En octubre de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Pedro, al parecer esa fue la razón por la que dejó de compartir una celda de 3×12 metros cuadrados con 17 personas.

El dolor por la costilla rota le impide a Pedro mantenerse sentado por mucho tiempo, además no puede cargar peso, por lo que sólo dispone para su aseo de los tobos de agua que le pueden cargar hasta la celda: los coloca pegados a la pared, los tapa, y purifica el agua con el cloro que le hacen llegar sus familiares para poder bañarse algunos días a la semana. (Espacio Público)