Los bienes de Pdvsa en Estados Unidos han sido bloqueados por el gobierno de Donald Trump “y las personas de los EE. UU. en general tienen prohibido realizar transacciones con ellos”, en un duro golpe contra el régimen de Nicolás Maduro.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), la principal fuente de ingresos y moneda extranjera del país, para evitar que el gobierno de facto de Nicolás Maduro desvíe activos a través de prácticas de corrupción que ya han sido probadas en la estatal petrolera, informó la dependencia norteamericana.

En un momento de alta tensión política, debido al reconocimiento de más de una decena de países del mundo al presidente encargado de Venezuela y titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el gobierno de Donald Trump afinca las sanciones económicas, restringiendo el acceso del régimen de Maduro y el Banco Central de Venezuela a los activos de la estatal petrolera en suelo estadounidense, su principal reserva de recursos.

Por la medida, todos los bienes e intereses propiedad de Pdvsa en EE. UU. han sido bloqueados “y las personas de los EE. UU. en general tienen prohibido realizar transacciones con ellos”. No obstante, la OFAC emitió licencias generales que autorizan “ciertas transacciones y actividades relacionadas con Pdvsa y sus subsidiarias”.

       

8 licencias en torno a la sanción

La sanción a Pdvsa va acompañada de ocho nuevas licencias, las cuales se explican a continuación:

-EE. UU. aprobó la licencia 8, vigente hasta el 27 de julio de 2019, para permitir operaciones a las siguientes entidades y sus subsidiarias: Corporación Chevron, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes, una compañía de GE y Weatherford International S.A. Esta licencia general no autoriza la “exportación o reexportación de diluyentes de los Estados Unidos a Venezuela”.

-La licencia 10 establece que las personas estadounidenses en Venezuela están autorizadas a comprar productos refinados de petróleo para uso personal, comercial o humanitario de Pdvsa o cualquier entidad en la que Pdvsa posea, directa o indirectamente, un 50 por ciento o mayor interés. Esta licencia general no autoriza cualquier reventa comercial, transferencia, exportación o reexportación de productos petrolíferos refinados.

-La licencia 11 establece que los empleados y contratistas de personas de los EE. UU. de entidades no estadounidenses ubicadas en un país que no sea Estados Unidos o Venezuela están autorizados a participar en todas las transacciones y actividades prohibidas por la Orden Ejecutiva 13850 que normalmente son incidentes y necesarios para el mantenimiento o la liquidación de operaciones, contratos u otros acuerdos que involucren a Pdvsa o cualquier entidad en la que la estatal petrolera posea, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más. Esta autorización es válida hasta el 29 de marzo de 2019.

-Las licencias no autorizan la exportación o reexportación de productos, servicios o tecnologías, directamente o indirectamente, por personas de los EE. UU., donde sea que se encuentren, o desde los Estados Unidos, a Pdvsa o cualquier entidad propiedad del 50 por ciento o más.

-Las licencias tampoco autorizan la venta o transferencia de cualquier deuda, patrimonio u otras participaciones en, o en beneficio de Pdvsa.

Las licencias son específicas, no autorizan el intercambio de diluyentes de EE. UU. a Venezuela, ordenan el pago de montos pendientes a una cuenta bloqueada y rigen por solo un par de meses. Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, podrá continuar operando, pero sus ingresos deben ser depositados en una cuenta bloqueada en Estados Unidos, que estará a disposición del nuevo gobierno de Guaidó.

“Los Estados Unidos responsabilizan a los responsables del trágico declive de Venezuela y continuarán usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia”, expresó a través de un comunicado el secretario de Hacienda, Steven T. Mnuchin.

El funcionario explicó que la sanción “ayudará a evitar que Maduro desvíe más los activos de Venezuela y los mantenga para el pueblo de Venezuela. El camino hacia el alivio de las sanciones para Pdvsa es a través de la transferencia expedita del control al Presidente Interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente".

El gobierno de Estados Unidos insistió en que las sanciones buscan un cambio de comportamiento, de modo que no tienen por qué ser permanentes. “Los Estados Unidos han dejado claro que consideraremos levantar las sanciones para aquellos que tomen acciones concretas, significativas y verificables para apoyar el orden democrático y combatir la corrupción en Venezuela, incluida Pdvsa”.

Vehículo para la corrupción

El Departamento del Tesoro manifestó que la estatal petrolera ha sido “vehículo para la corrupción” durante mucho tiempo, en el que se han diseñado “diversos esquemas para malversar miles de millones de dólares de Pdvsa para el beneficio personal de los corruptos funcionarios y empresarios venezolanos”.

Detallan el caso de un plan de cambio de moneda de 2014 diseñado para malversar y lavar alrededor de $ 600 millones de Pdvsa, mediante soborno y fraude. “Para mayo de 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado en cantidad a $ 1.200 millones malversados por Pdvsa. Abraham Edgardo Ortega, un ciudadano venezolano que fue director ejecutivo de planificación financiera de Pdvsa, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de Pdvsa”.

Asimismo, recuerdan que -entre 2011 y 2013- fiscales de los Estados Unidos alegaron que altos funcionarios del Gobierno de Venezuela y Pdvsa, entre ellos Nervis Villalobos, ex viceministro de energía de Venezuela; Rafael Reiter, quien trabajó como jefe de seguridad y prevención de pérdidas de Pdvsa; y Luis Carlos de León, ex funcionario de una empresa eléctrica estatal, buscaron sobornos de proveedores a cambio de ayudarlos a obtener contratos “y ganar prioridad sobre otros proveedores por facturas pendientes durante su crisis de liquidez”.