De acuerdo con el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las protestas de febrero -57 diarias, en promedio- escalaron 260% con respecto al mismo mes de 2018.

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El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó 1.600 protestas en el segundo mes del año, 260% más que en febrero de 2018 cuando hubo 594 manifestaciones. El grueso de las exigencias en febrero fue derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), que concentraron 59% del total. “Aun cuando los venezolanos exigen un cambio de gobierno, no han dejado las demandas por los derechos sociales”, indica el reporte.

El informe precisa que las protestas por derechos civiles y políticos representaron 41% del total de manifestaciones de febrero.

En detalle, hubo 531 reclamos por el derecho a participación política; 464 manifestaciones en apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria; 296 protestas por derechos laborales y 135 por el derecho a la vivienda. Estas fueron las principales exigencias de febrero, reportó el observatorio.

Además de destacar que el presidente interino Juan Guaidó se ha convertido en la figura clave para conducir los cambios que demandan los ciudadanos de forma pacífica y democrática, el OVCS puntualiza que el descontento popular hacia el régimen de Nicolás Maduro va en aumento y “los ciudadanos lo responsabilizan como el principal causante de la emergencia humanitaria que atraviesa el país y de los problemas que afectan a la población, como fallas en los servicios básicos, escasez de alimentos y medicinas, la corrupción e impunidad, la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos”.

El observatorio detalló que los estados andinos concentraron 26% de las protestas en todo el país, siendo Mérida la entidad con mayor índice de reclamos. Los 5 estados con mayores registros de protestas fueron Mérida (158), Táchira (134), Carabobo (130), Miranda (121) y Trujillo (119).

Bolívar ocupó la décima posición en el ranking con 76 manifestaciones en el segundo mes del año.

El observatorio explicó que febrero se caracterizó por movilizaciones en todo el país, más allá de las capitales de los estados; asistencia masiva a las manifestaciones a favor del ingreso de la ayuda humanitaria; 7 muertos y más de 300 heridos por la represión a las movilizaciones a favor del ingreso de la ayuda humanitaria; continuación del sistema de represión a través de cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados pro gobierno como colectivos paramilitares; respaldo popular al presidente (e) Juan Guaidó en movilizaciones convocadas por la oposición; trabajadores del sector educación lideraron protestas por salarios dignos y las modalidades de protesta más comunes fueron los cierres de calle, concentraciones y marchas.

De las 1.600 protestas documentadas en febrero, 198 fueron combinadas, reportó el OVCS, de modo que “se exigieron distintos derechos al mismo tiempo. En términos porcentuales estas protestas representaron el 12% del total registrado”.

Protestas por la ayuda humanitaria

       

El observatorio documentó una “participación masiva y contundente” en todo el país en pro del acceso de la ayuda humanitaria, que se tradujo en 464 protestas que hicieron que esta exigencia encabezara la lista de protesta por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Por esta exigencia, la organización confirmó represión en manifestaciones en 12 estados, con un saldo de siete personas asesinadas por armas de fuego y más de 300 heridos, en su mayoría, por heridas de bala, perdigones, sustancias tóxicas y tratos crueles, humanos o degradantes. “Se constataron ataques de grupos colectivos paramilitares con armas de fuego en nueve estados: Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia”.

Destacan en el informe que la actuación más violenta fue en Táchira y Bolívar, registrándose en esta última entidad los siete asesinados, cuatro de ellos de la etnia indígena pemón: Zoraida Rodríguez, José Márquez, Kliver Pérez y Rolando García, todos por impacto de bala. Los no indígenas que murieron tras la represión militar fueron José Hernández, José Barrios y Jorge González.

“Según los reportes médicos del Hospital General de Roraima (HGR) en Boa Vista, las personas ingresadas tenían fracturas en brazos y piernas por los impactos de bala. Lo que revela el uso de fusiles de alto calibre. En algunos casos, las condiciones de vulnerabilidad se agudizaron. Comunidades pemones tuvieron que desplazarse a otros territorios, cruzando a Brasil o internándose a la selva, para resguardarse de la violencia y represión desatada en su contra, mientras algunos líderes fueron perseguidos”, indican.

En este contexto, el observatorio exigió justicia por estas muertes y por las violaciones de derechos humanos.

Sector educación lideró protestas laborales

De las casi 300 protestas por derechos laborales, 259 fueron lideradas por el sector educación, que exigió respeto a la carrera docente y un sueldo digno en un clima de mayor inflación y deterioro del poder adquisitivo. “Los ajustes salariales no han servido para mejorar sus condiciones, por el contrario, aleja cada vez más a los trabajadores de la posibilidad de acceder a bienes y servicios en una economía que ahora se rige por un tipo de cambio oficial (3.298,32 bolívares por cada dólar al 28 de febrero de 2019) que reduce al salario mínimo a menos de 10 dólares”, puntualizó la organización.

       

En lo que respecta a los reclamos por servicios básicos, hubo 135 protestas por falta de gas doméstico, agua potable y electricidad. “La desinversión en los sistemas de generación eléctrica, en las obras hidráulicas y la falta de políticas públicas en el sector de servicios han agravado considerablemente las condiciones de vida de los ciudadanos. El escaso o nulo acceso a los servicios públicos incide de manera directa en los distintos sectores: educativo, hospitalario, recreativos, comerciales, industriales y agrícola”, agregó la organización.

Frente al aumento de las manifestaciones en 260%, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reiteró que urge permitir el ingreso de cooperación humanitaria, “como una medida de atención inmediata ciudadana”.

La organización aclaró que no se trata de una acción injerencista, “sino de asistencia a una población cuyas condiciones están condenadas a altos niveles de pobreza y desasosiego. La situación que enfrentan los venezolanos desdice de un país próspero y de unas autoridades preocupadas por lograr el bien común. No en vano, 2019 acumula 4.173 protestas en dos meses”.

A la par, condenaron el uso desproporcionado de la represión por parte de organismos de seguridad del Estado y grupos civiles armados y reiteraron que el principal problema que enfrentan los venezolanos es “la ausencia de democracia”.

“Mientras no se realicen cambios en el sistema de gobierno, Venezuela continuará sumergida en la emergencia humanitaria compleja que se agudiza con el pasar de los días”, puntualizaron.