Aún proliferan casos de ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar, que violan derechos humanos y que atentan contra la calidad de vida ciudadana. José Gregorio Martínez, de 25 años, fue asesinado el 4 de septiembre, y familiares denuncian el abuso de autoridad de funcionarios del Cicpc.

El plan piloto para el subsidio de la gasolina que iniciaría el martes 4 de septiembre en ocho estados fronterizos del país, seguía sin aplicarse hasta la tarde de este miércoles en Bolívar. La desinformación se mantiene en las gasolineras donde esperan la adecuación para los dispositivos.

De los 450 bolívares soberanos depositados el 1 de septiembre, jubilados y pensionados apenas pudieron retirar en efectivo entre 90 y 100 bolívares. Eso sin contar que muchos de ellos hicieron cola desde la noche del domingo en las afueras de los bancos. La justificación de que el dinero está en la cuenta no les sirve, pues de ellos no depende que comprar productos en efectivo sea más barato que por punto de venta o transferencia. En las colas, las quejas se multiplicaron: “No hay razón, porque son años de trabajo. Yo era menor de edad cuando empecé a trabajar, tenía 15 años, hoy tengo 64”.

Durante el fin de semana la cota del río Orinoco en Ciudad Bolívar se mantuvo en 18.34 msnm, a pocos centímetros de que las aguas cubran la “piedra del medio”. Este lunes 27 de agosto, el nivel amaneció en 18.32 msnm, aún a más de 30 centímetros por encima de la alerta roja. Varias zonas han tenido que ser evacuadas por las inundaciones. Las lluvias del mediodía y de la tarde devolvieron las aguas del río padre al mismo nivel del fin de semana: 18,34 msnm. Mientras que las familias afectadas continúan recordando las palabras de Justo Noguera sobre la ausencia de un plan de construcción de viviendas para reubicarlos.

El río llegó este 14 de agosto a los 18.04 msnm, pasando por un centímetro el nivel histórico de 1943 y restando uno para llegar al de 1976; en el caso de Caicara, 2018 representa un nuevo récord al sobrepasar por 34 centímetros la cota de alerta roja. En todo el estado Bolívar se registran más de 11.700 afectados por las inundaciones, de los cuales más de 7.700 son los que están refugiados entre los 60 albergues en la región.

El gobernador del distrito 4370 del Rotary Internacional precisó que al menos 180 pacientes en Bolívar esperan por marcapasos, los cuales rondan entre los 4 mil y 12 mil dólares sin incluir implantación. Recordó también que el acelerador lineal del Rotary San Félix, inoperativo desde hace cuatro años, no solo atendía a pacientes de la entidad, sino de otros estados del país.

La incautación de la principal filial de Pdvsa en Estados Unidos podría ser un primer paso hacia la venta de la empresa, valorada en 10.000 millones de dólares. La minera canadiense reclama 1.400 millones de dólares como parte de una compensación por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones.

El gobernador de Bolívar, Justo Noguera, lo dejó claro: no habrá desarrollo habitacional para reubicación de familias afectadas por las inundaciones, sino reestructuraciones de viviendas, por lo que desde ya se prevén las mismas o más afectaciones para el próximo año. La municipalidad, por su parte, dejó de lado el Plan Especial de Castillito, que data desde hace más de 20 años. Mientras tanto, el río crece y más personas padecen las consecuencias de la desplanificación.

No solo las enfermeras, en su día 24 de protesta, salieron a la calle nuevamente por un salario que cubra sus necesidades básicas. Maestros estadales, profesores universitarios, quienes llevan más de un mes paralizados, así como médicos, trabajadores del sector eléctrico y de las empresas básicas, se unieron en una marcha en la que exigieron respuesta por parte del Gobierno, que insiste en desoír el clamor de sus trabajadores.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 5.315 protestas durante el primer semestre de 2018, de las cuales 464 se registraron en el estado Bolívar. Los reclamos que más imperaron en todo el país fueron los laborales, seguidos de los que atañen a los servicios básicos y el derecho a la alimentación.

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